- El plazo vence en tres días y el mandatario aún no ha recibido a las lideresas que promueven la agenda de derechos de las mujeres en Yucatán.
A tan solo tres días de que venza el plazo establecido por un juez federal, el gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, se encuentra al borde de incurrir en desacato a la Ley de Amparo por no cumplir una orden judicial que lo obliga a reunirse con un grupo de lideresas de organizaciones civiles que impulsan la agenda de los derechos de las mujeres en la entidad.
La resolución, emitida el pasado 8 de mayo, da al mandatario un plazo de 10 días para atender personalmente a las activistas, quienes han exigido desde hace meses un diálogo directo para abordar la creciente violencia de género en el estado. Hasta el momento, el gobernador no ha fijado fecha ni lugar para dicho encuentro.
Una serenata como protesta y recordatorio
Ese mismo 8 de mayo, ocho mujeres vestidas de terno y guitarra en mano llegaron a Palacio de Gobierno para interpretar la canción “Quizás, quizás, quizás”, en una acción simbólica dirigida al mandatario. Con ello recordaron que Díaz Mena prometió desde el inicio de su administración —hace ocho meses— presentar una agenda para combatir la violencia contra las mujeres y recibir sus propuestas. Sin embargo, esa promesa sigue sin cumplirse.
Intermediarios, pero no solución
De acuerdo con Adelaida Salas Salazar, coordinadora del Observatorio de Feminicidio en Yucatán y principal promovente del amparo, el gobierno estatal ha intentado acercamientos indirectos a través de tres funcionarios del gabinete: Sisely Burgos Cano, secretaria de las Mujeres; Alaine López Briceño, titular de Infraestructura; y Omar Pérez Avilés, secretario general de Gobierno.
No obstante, los asesores jurídicos de las activistas recomendaron no aceptar reuniones con intermediarios, ya que la orden judicial está dirigida de forma específica al gobernador. Una reunión con funcionarios podría ser utilizada por el Ejecutivo estatal como justificación legal de haber cumplido con el mandato, lo cual, denuncian, “sería una simulación”.
“¿Por qué el gobernador no nos quiere atender?”, cuestionó Salas Salazar. “Cuando fue delegado de Bienestar tampoco nos respondió, pedimos audiencias y nunca nos recibió”.
Plazo en cuenta regresiva
Salas aseguró que el gobernador recibió la notificación oficial del amparo el mismo día en que se realizó la serenata en Palacio de Gobierno. Si se toman en cuenta los días naturales, el plazo para cumplir la orden judicial vence este sábado 18 de mayo.
De no cumplir con la reunión solicitada, Díaz Mena podría ser acusado formalmente de desacato, una falta grave ante la justicia federal que podría tener consecuencias legales y políticas.
Antecedentes y compromiso incumplido
Cabe recordar que el actual gobernador firmó públicamente un compromiso con el Instituto Nacional Electoral (INE) durante su campaña, donde se comprometía a atender los problemas relacionados con la violencia de género en el estado.
Las organizaciones civiles reiteraron que no darán marcha atrás en su exigencia y seguirán hasta las últimas consecuencias legales para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y el respeto a los mecanismos legales de participación ciudadana.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
