- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada hace más de dos décadas como pilar en la lucha contra el crimen organizado, ha sido utilizada como instrumento político en los últimos años, perdiendo su propósito técnico y legal.
Por más de 21 años, la Unidad de Inteligencia Financiera ha operado como un órgano clave en la identificación de operaciones financieras ilícitas. Sin facultades regulatorias, pero con acceso privilegiado a datos sensibles, su función ha sido detectar transacciones sospechosas para abrir investigaciones que deriven en sanciones judiciales. Un mecanismo vital en la arquitectura del Estado mexicano para combatir delitos financieros, lavado de dinero y redes criminales internacionales.
Sin embargo, bajo los gobiernos recientes, especialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la UIF se desvió de su mandato técnico y legal para convertirse en un brazo de presión política. De acuerdo con múltiples denuncias y señalamientos, fue utilizada de manera discrecional para intimidar a opositores, empresarios, periodistas y miembros del Poder Judicial, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la privacidad financiera.
Uso selectivo y persecución
Durante la gestión de Santiago Nieto al frente de la UIF, se evidenció el uso del organismo para perseguir a figuras que incomodaban al régimen. Casos como el del expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, o del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, ejemplifican cómo la UIF fue empleada para forzar renuncias y desprestigiar públicamente a perfiles incómodos.
El caso del documental sobre el populismo y su financiamiento por empresarios también marcó un punto de quiebre, con bloqueos de cuentas sin orden judicial, en violación abierta a los principios constitucionales. En estos episodios, la UIF se posicionó más como un actor político que como una agencia técnica del Estado.
Pablo Gómez: continuidad del sesgo político
El relevo de Nieto por Pablo Gómez, figura histórica de la izquierda democrática, generó expectativas de un viraje institucional. Sin embargo, lejos de corregir el rumbo, Gómez continuó el uso faccioso de la UIF. Su gestión ha sido señalada por mantener la persecución contra opositores y críticos del régimen, esta vez también al servicio de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México.
Gómez incluso ha sido pieza clave en la propuesta de una reforma política que muchos consideran autoritaria, dirigida a debilitar el pluralismo y las garantías democráticas.
Nuevo titular, nuevo contexto
La reciente designación de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF podría marcar un punto de inflexión. Con experiencia en seguridad y vínculos institucionales con Estados Unidos, su llegada ocurre en un momento clave: en medio de las negociaciones bilaterales sobre cooperación en seguridad y tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. a tres instituciones financieras mexicanas.
Este contexto eleva la presión sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia UIF para corregir prácticas que han sido vistas como abusivas y politizadas.
El riesgo de repetir errores
El crimen organizado no reconoce fronteras, y en una era de cooperación internacional, los aliados estratégicos de México —como Estados Unidos— exigen instituciones sólidas, imparciales y confiables. La UIF no puede seguir siendo una herramienta del régimen en turno. Convertirla en una agencia técnica real, alejada de intereses políticos, es una urgencia para la credibilidad del Estado mexicano.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
