La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este martes la controvertida reforma a la Ley de Amparo, tras más de 13 horas de discusión y la presentación de más de 300 reservas. La reforma, enviada previamente por el Senado, fue avalada con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, en una sesión marcada por la polémica en torno a la posible retroactividad de la norma.
El punto más delicado gira en torno a la aplicación retroactiva del nuevo marco legal, tema que ha generado señalamientos de inconstitucionalidad por parte de juristas y sectores de oposición. Aunque legisladores de Morena aseguran que no hay afectación a derechos adquiridos, el texto aprobado abre la puerta para que las nuevas disposiciones se apliquen a juicios de amparo en curso, algo que contradice principios fundamentales del derecho procesal.
Durante la sesión, el diputado Hugo Eric Flores, en representación de la mayoría oficialista, afirmó que la ley es de carácter procesal y que, por tanto, las etapas ya concluidas en cada juicio respetarán la legislación vigente al momento de su inicio. No obstante, reconoció que las etapas posteriores sí estarán sujetas al nuevo decreto, lo que ha sido interpretado como un mecanismo disfrazado de retroactividad.
¿Quién propuso el cambio?
La cláusula más cuestionada fue introducida originalmente en el Senado por el petista Ricardo Mejía Berdeja y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quienes impulsaron que la reforma pudiera afectar trámites de amparo relacionados con permisos revocados por autoridades federales.
El argumento de fondo, según sus promotores, es evitar el uso del amparo como una herramienta para frenar decisiones administrativas de alto impacto social, como la cancelación de proyectos energéticos o de infraestructura. Sin embargo, críticos advierten que esta reforma podría ser usada para bloquear la defensa legal de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios del gobierno.
Reservas adicionales buscan blindar “interés social”
A la propuesta se sumaron nuevas reservas de diputados morenistas como Julio César Moreno y Mariana Benítez, quienes modificaron el artículo 128 para limitar la suspensión de actos reclamados cuando —según ellos— existan riesgos de daños irreparables al interés social o al orden público. Esta ambigua redacción, alertan analistas, refuerza el margen de discrecionalidad judicial y deja a interpretación política lo que constituye “interés social”.
Con la aprobación en San Lázaro, el dictamen regresará al Senado, donde podría ser discutido por última vez antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diversas organizaciones civiles ya preparan acciones legales y controversias constitucionales, advirtiendo que el nuevo texto vulnera derechos fundamentales y debilita el control constitucional frente al poder público.
La narrativa oficial sostiene que las reformas buscan impedir que el juicio de amparo sea utilizado para obstaculizar decisiones gubernamentales de alto impacto. Sin embargo, el fondo del debate gira en torno a una posible instrumentalización del poder legislativo para debilitar contrapesos judiciales.
Expertos en derecho constitucional señalan que aplicar nuevas reglas procesales a juicios en curso rompe con el principio de seguridad jurídica, uno de los pilares del Estado de derecho.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
