- Nueva ley en México busca que plataformas digitales y telefónicas entreguen datos de usuarios a autoridades judiciales
29 de abril de 2025.- Un proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, enviado por el Ejecutivo federal al Congreso, propone que empresas tecnológicas y operadoras de telefonía en México —como Telcel, AT&T, Netflix, Uber y Amazon— estén legalmente obligadas a entregar información de sus usuarios cuando lo soliciten autoridades judiciales o de seguridad pública. De no cumplir con esta disposición, podrían enfrentar sanciones de hasta el 4% de sus ingresos anuales.
El texto del proyecto, aún en fase de discusión legislativa, plantea una colaboración obligatoria entre las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones o plataformas digitales y las instancias de procuración de justicia. Esta colaboración incluiría la entrega de datos de clientes, incluso en servicios de prepago, lo que implicaría el registro obligatorio de usuarios para activar líneas móviles.
La iniciativa contempla que la información requerida por las autoridades deberá entregarse en un plazo máximo de 24 horas tras la notificación oficial. El incumplimiento o la entrega de información incorrecta podría acarrear fuertes sanciones económicas. El artículo 159 del proyecto detalla esta obligación para todas las empresas operadoras y proveedoras de contenido y aplicaciones.
Asimismo, el artículo 160 prevé la creación de una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, una base de datos nacional que será alimentada por las propias compañías tecnológicas y de telecomunicaciones. Este sistema formaría parte de una reforma más amplia a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación.
Sin embargo, esta iniciativa ha encendido alarmas en sectores defensores de la privacidad digital. En un contexto en el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no está funcionando a plena capacidad, surgen preocupaciones sobre la supervisión efectiva del uso de esta información.
Especialistas advierten que la rapidez con la que las empresas deberán entregar datos, la falta de claridad sobre cómo se protegerán los registros, y la posible ausencia de mecanismos judiciales robustos podrían derivar en abusos, filtraciones o una vulneración directa a los derechos digitales de los ciudadanos.
La propuesta aún debe ser revisada, debatida y votada por el Congreso de la Unión, por lo que está sujeta a modificaciones antes de su eventual aprobación. No obstante, de avanzar, marcaría un giro importante en el equilibrio entre privacidad y vigilancia digital en México.
La Gaceta Yucatán—Redacción
