Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de descartar la creación de un impuesto a los videojuegos, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes de la Torre, celebró la decisión al considerar que se evitó una medida fiscal inviable, regresiva y carente de sustento legislativo sólido.
La legisladora emecista recordó que desde el planteamiento inicial de la propuesta advirtió sobre sus implicaciones económicas, sociales y jurídicas, al señalar que el gravamen habría impactado directamente en el gasto de jóvenes y familias, sin que existiera claridad sobre su alcance real ni sobre los criterios técnicos para su aplicación.
Reyes de la Torre subrayó que uno de los principales problemas de la iniciativa era la ausencia de una definición precisa respecto a qué contenidos podrían considerarse “violentos” y, por tanto, sujetos a un nuevo impuesto. Esta ambigüedad, dijo, habría generado discrecionalidad en la interpretación de la norma, vulnerando principios básicos de certeza jurídica y legalidad en materia tributaria.
“Más allá del impacto económico, el mayor riesgo era permitir que el Estado impusiera cobros con base en criterios subjetivos. Eso no sólo genera incertidumbre jurídica, sino que abre la puerta al autoritarismo y a posibles mecanismos de censura cultural”, sostuvo la diputada.
Desde una perspectiva legislativa, la representante de Movimiento Ciudadano afirmó que el impuesto a los videojuegos desviaba la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país, particularmente en materia de seguridad pública. En ese sentido, criticó que se pretendiera responsabilizar indirectamente a los consumidores de videojuegos por fenómenos de violencia, en lugar de diseñar políticas públicas integrales y basadas en evidencia.
Asimismo, Reyes de la Torre enfatizó que la propuesta terminaba por castigar a quienes juegan en casa, sin atender las causas de fondo de la inseguridad ni fortalecer las instituciones encargadas de prevenir el delito.
Finalmente, la diputada sostuvo que la decisión de desechar el impuesto representa un avance hacia una agenda legislativa más responsable, orientada a proteger la economía familiar, garantizar la libertad cultural y promover regulaciones viables, claras y respetuosas de los derechos de las personas. Aseguró que Movimiento Ciudadano continuará impulsando políticas públicas que fomenten el desarrollo económico sin recurrir a medidas recaudatorias improvisadas ni restrictivas.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
