La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada a nivel federal, introduce cambios que endurecen significativamente los requisitos para obtener suspensiones judiciales contra actos de autoridad, lo que podría limitar la capacidad de los ciudadanos para protegerse frente a decisiones gubernamentales.
José Antonio Serratos García, presidente del Grupo Unidos por Tijuana, advirtió que, aunque la reforma incluye avances importantes —como la obligación para jueces de dictar sentencia en un plazo máximo de 60 días naturales— también representa un retroceso en términos de acceso efectivo a la justicia.
Uno de los puntos más controvertidos es el nuevo artículo 128, que eleva de dos a cinco los requisitos necesarios para que un juez otorgue una suspensión. Esta medida, señaló Serratos, podría reducir drásticamente las posibilidades de que se concedan medidas cautelares en casos urgentes o de alto impacto.
“Actualmente, solo tres de cada diez solicitudes de suspensión son aceptadas. Con esta reforma, esa cifra podría disminuir aún más”, advirtió el activista.
Entre los casos donde ahora se limitará el otorgamiento de suspensiones destacan los congelamientos de cuentas bancarias relacionados con presuntos actos ilegales. Un ejemplo reciente fue el caso de la diputada Aracely Brown, cuyas cuentas fueron bloqueadas en un proceso sin posibilidad de frenar la medida vía amparo.
Inicialmente, la reforma también contenía propuestas que habrían debilitado la obligatoriedad de las sentencias judiciales para las autoridades. No obstante, dichas disposiciones fueron modificadas parcialmente en el Senado tras recibir críticas por su posible inconstitucionalidad.
A pesar de que la intención de agilizar los juicios de amparo es vista como positiva por algunos sectores, expertos y organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de dejar a los ciudadanos sin herramientas efectivas para defender sus derechos frente a abusos de poder.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
