El caso de exfuncionarios de seguridad ligados a un cártel en Tabasco reaviva las acusaciones de Washington sobre infiltración criminal en el gobierno mexicano y abre una nueva fase de tensión bilateral.
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Corrupción, narco y presión de EE. UU.: el escándalo que sacude al gobierno de Sheinbaum y a Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran crisis política desde que asumió el poder: un escándalo de corrupción vinculado a exfuncionarios de seguridad en Tabasco, presuntamente ligados a grupos criminales, ha estallado en medio de crecientes presiones del gobierno de Estados Unidos para que México enfrente con mayor dureza al narcotráfico —y purgue a los funcionarios que lo encubren.
En el centro de la controversia se encuentra Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena, exsecretario de Gobernación y figura clave en el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su mandato como gobernador de Tabasco, López Hernández designó a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad y a otro mando policiaco que hoy son buscados por la Interpol, acusados de encabezar en secreto una organización criminal conocida como La Barredora.
Aunque el senador no enfrenta cargos penales, su cercanía con los implicados y su silencio en torno a lo que sabía —y cuándo lo supo— han encendido las alarmas en Washington y debilitan el discurso anticorrupción del oficialismo.
“Este es un parteaguas para el gobierno de Claudia”, señala el analista Sergio Aguayo. “Estados Unidos ha dejado de tolerar la complicidad de funcionarios con el crimen organizado. Esto no tiene precedente en la relación bilateral.”
EE. UU. endurece postura ante Sheinbaum
El caso estalla justo cuando el presidente Donald Trump ha intensificado sus acusaciones de que los cárteles de la droga controlan al gobierno mexicano, incluso proponiendo que tropas estadounidenses operen en territorio nacional para combatirlos. Aunque la administración Biden ha mantenido una postura más diplomática, el mensaje es claro: Washington exige resultados concretos, y rápido.
A nivel comercial, el momento tampoco podría ser más delicado. Las negociaciones para ampliar acuerdos con EE. UU. avanzan, pero Trump ha amenazado con imponer aranceles punitivos de hasta 30% si México no redobla sus esfuerzos contra el crimen organizado, particularmente en el tráfico de fentanilo.
La filtración militar que encendió la crisis
La semilla del escándalo se remonta a 2022, cuando un grupo de hackers expuso millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En ellos figuraba una investigación de 2019 que detallaba cómo López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, colocó en cargos estratégicos a mandos con presuntos vínculos con La Barredora, una facción criminal activa en el sureste.
Pese a que la información fue filtrada públicamente, el secretario de Seguridad implicado, Bermúdez Requena, se mantuvo en el cargo hasta 2023. López Hernández, por su parte, negó toda responsabilidad y ascendió políticamente hasta convertirse en una figura clave dentro del Senado y del partido Morena.
Morena cierra filas; la narrativa se tambalea
La reacción oficial ha sido de respaldo total al senador. Sheinbaum y la cúpula de Morena han evitado cualquier señal de ruptura o distanciamiento, pese a que la crisis pone en tela de juicio una de las principales banderas del partido: la promesa de erradicar la corrupción desde las más altas esferas del poder.
Esto ocurre mientras el gobierno insiste en que ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, con operativos militares en Sinaloa y una reducción del 30% en las incautaciones de fentanilo en la frontera con EE. UU. Sin embargo, el caso Tabasco mina la credibilidad de esa narrativa y sugiere que la infiltración del crimen organizado en las instituciones sigue siendo un problema estructural.
¿Un punto de inflexión en la relación bilateral?
El escándalo representa más que un tropiezo político interno. Marca un giro en la relación entre México y Estados Unidos: el fin del silencio diplomático ante la corrupción institucional ligada al narcotráfico. Washington ha comenzado a exigir responsabilidad a funcionarios de alto nivel, y las consecuencias —comerciales, políticas y diplomáticas— podrían ser profundas.
En este contexto, la presidenta Sheinbaum enfrenta no solo el desafío de distanciarse de su antecesor sin traicionar la continuidad política que prometió, sino también la creciente presión internacional para demostrar que su gobierno puede romper con los pactos de impunidad que han protegido por años a criminales y políticos por igual.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
