La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán avanza en el Congreso local con el objetivo declarado de modernizar el sistema judicial, fortalecer su autonomía y agilizar los procesos legales. Sin embargo, diversos sectores advierten posibles implicaciones políticas en su implementación.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es permitir que el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia pueda renunciar a su cargo sin perder su nombramiento como magistrado. Este ajuste fue planteado por María Carolina Silvestre Canto Valdés, actual presidenta del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura.
Además, la reforma incluye una disposición que permitiría al Consejo de la Judicatura mantenerse en funciones hasta 2027, con la facultad de nombrar jueces durante ese periodo, lo cual amplía significativamente su margen de acción institucional.
Más allá del discurso institucional de eficiencia y autonomía, la reforma ha generado suspicacias. Según han reportado medios locales, la modificación podría abrir la puerta para que Hernán Vega Burgos —un perfil con amplia trayectoria y conocimiento en el ámbito jurídico— sustituya a Erika Beatriz Torres López, actual directora jurídica del Patronato Cultur y militante de Morena, electa con apenas el 12.67% del padrón electoral. Aunque esta posibilidad no ha sido confirmada, destaca la oportunidad de fortalecer el aparato judicial con figuras más preparadas y experimentadas.
Durante la más reciente sesión de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa fue repartida entre los diputados presentes para su análisis y enriquecimiento. La presidenta de la comisión, Claudia Estefanía Baeza Martínez (Morena), ordenó la elaboración de un cuadro comparativo para facilitar el debate y solicitó que cualquier propuesta adicional sea canalizada a la Secretaría General del Congreso.
Los diputados Gaspar Quintal Parra (PRI), Alejandro Cuevas Mena (Morena), Francisco Rosas Villavicencio (PT), Marco Antonio Pasos Tec y Zhazil Leonor Méndez Hernández (PAN) aprobaron por unanimidad que la reforma continúe su curso legislativo. Sin embargo, se destacó la ausencia de tres legisladores morenistas —Daniel González Quintal, María Esther Magadán Alonzo y Neyda Pat Dzul— quienes justificaron su inasistencia sin ofrecer detalles.
Si bien la reforma se presenta como un esfuerzo de modernización judicial, su posible impacto en la independencia del Poder Judicial ha sido motivo de debate. Extender el periodo del Consejo de la Judicatura y otorgarle facultades amplias para el nombramiento de jueces podría significar una concentración de poder sin contrapesos claros.
La próxima discusión legislativa será clave para definir el rumbo del sistema judicial en Yucatán, en un contexto donde las reformas institucionales no pueden desligarse del clima político ni de la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
