El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció que las familias del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, cuyas viviendas colindan directamente con la estación de gas natural que construye la empresa Mayakán, serán reubicadas para garantizar su seguridad y tranquilidad a futuro.
Durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Díaz Mena informó que Grupo Casitas —responsable del desarrollo urbano— tenía conocimiento previo del proyecto energético. Por ello, señaló, se había contemplado un área de amortiguamiento para proteger a los residentes. Sin embargo, cuestionó por qué administraciones municipales anteriores de Umán permitieron la construcción de viviendas dentro de esta zona de seguridad.
“Desconocemos por qué motivo ayuntamientos anteriores autorizaron viviendas en el área de amortiguamiento. Se construyeron casas que ya pegan con el muro de la empresa Mayakán y eso debe resolverse mediante un acuerdo entre Mayakán y Grupo Casitas”, declaró.
El mandatario subrayó que no existe otra alternativa que la reubicación de las viviendas afectadas, pues permanecer en la zona podría generar incertidumbre y posibles riesgos para las familias. Afirmó que el Gobierno del Estado brindará todas las facilidades necesarias para que ambas empresas alcancen un acuerdo que garantice la certidumbre y seguridad de los propietarios.
“No hay otra solución que la reubicación de las viviendas que están pegadas a la empresa y que pudieran tener en un futuro la inquietud de un posible peligro. Vamos a apoyar para que se llegue a una solución que mejore la situación de las familias”, insistió.
Díaz Mena reconoció que el proceso será prolongado y pidió paciencia a las y los vecinos mientras se llevan a cabo las negociaciones. También exhortó tanto a Mayakán como a Grupo Casitas a instalar de inmediato mesas de trabajo para evitar retrasos. No ofreció una fecha estimada para la reubicación.
El anuncio se produjo un día después de que habitantes del fraccionamiento bloquearan el Periférico de Mérida en protesta, exigiendo la detención de los trabajos, luego de que en menos de 24 horas fuera revocada una suspensión de obra otorgada previamente por una jueza.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
