- Al cierre de 2025, año que marcó la mitad de la presente década, Yucatán dejó atrás la narrativa de calma absoluta que por años lo distinguió a nivel nacional. Aunque el estado continúa figurando entre los más seguros del país en cifras oficiales, una serie de hechos violentos y fallas institucionales ocurridas a lo largo del año abrieron un debate público sobre la fragilidad de esa percepción.
Linchamientos, violencia contra menores, omisiones de autoridades y delitos de alto impacto conformaron un panorama que sacudió a la sociedad yucateca y puso en entredicho la capacidad de respuesta del sistema de seguridad y procuración de justicia.
Retención de alumnos en una secundaria de Mérida
Enero inició con un hecho sin precedentes en la capital del estado. Un hombre logró ingresar, mediante engaños, a la escuela secundaria Agustín Vadillo Cicero, donde aprovechó la ausencia de docentes en un salón para retener a un grupo de estudiantes durante aproximadamente 40 minutos.
De acuerdo con las investigaciones, el sujeto —identificado como José T. M.— profirió insultos e incitó a los menores a realizar actos que atentaban contra su integridad física y sexual. Lo más alarmante fue que el personal escolar no detectó la situación hasta que un maestro ingresó al aula y obligó al individuo a retirarse, sin que se solicitara apoyo inmediato de las autoridades.
La omisión detonó la indignación de madres y padres de familia, quienes al día siguiente bloquearon accesos y exigieron justicia. La presión social derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la posterior detención del hombre, quien días después fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Mérida.
Linchamiento en Tekit: la violencia colectiva que marcó al estado
A finales de enero, Yucatán vivió uno de los episodios más crudos de su historia reciente: el linchamiento de Ismael Alejandro Abán Canché, alias “El Wero”, en el municipio de Tekit.
El 27 de enero, cámaras de seguridad captaron al joven caminando por calles de la comunidad con un madero. Minutos después irrumpió en una vivienda y atacó brutalmente a María Candelaria Sosa Poot, una mujer de 69 años conocida como Doña Candy, quien murió a consecuencia de las lesiones.
El agresor, con un largo historial delictivo, logró huir momentáneamente. Ante la falta de una respuesta inmediata de las autoridades, pobladores enfurecidos acudieron a su domicilio, ubicado cerca del cementerio municipal. Tras horas de tensión, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron detenerlo, pero el detenido fue arrebatado por la multitud.
Golpes, pedradas y patadas precedieron a un acto que conmocionó al país: el joven fue quemado vivo ante decenas de personas. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron un profundo debate entre la exigencia de justicia, el hartazgo social y la ausencia del Estado.
Por estos hechos fueron detenidos cinco familiares de la víctima, acusados de homicidio cometido en pandilla. A casi un año del linchamiento, el caso seguía sin sentencia definitiva, reflejando la lentitud del proceso judicial.
Muerte de un niño en Kanasín: la violencia que nace en casa
Cuando la sociedad aún no asimilaba la tragedia de Tekit, un nuevo caso sacudió la indignación colectiva. El 18 de febrero se confirmó la muerte de un niño de siete años en el fraccionamiento Cielo Alto, en el municipio de Kanasín.
Las investigaciones revelaron que el menor vivía en condiciones de abandono y maltrato sistemático por parte de su madre, Vilma Concepción M. T., y su pareja, Liliana Elizabeth H. G. Vecinos declararon que los abusos eran constantes y visibles.
La noche del hallazgo, policías encontraron el cuerpo sin vida del niño dentro del domicilio y rescataron a tres de sus hermanos, quienes también sufrían violencia. El caso detonó protestas ciudadanas y llevó a organizaciones civiles a exigir la creación urgente de un Centro de Justicia especializado para la infancia en Yucatán.
Un año que dejó preguntas abiertas
Los hechos registrados en 2025 marcaron un punto de inflexión en la discusión sobre la seguridad en Yucatán. Más allá de estadísticas, los casos exhibieron fallas en la prevención, la atención oportuna y la confianza ciudadana en las instituciones, así como un creciente hartazgo social ante la impunidad.
El reto para las autoridades no solo será mantener indicadores favorables, sino reconstruir la confianza, fortalecer la presencia institucional y garantizar que la seguridad no sea solo una percepción, sino una realidad para todas y todos los yucatecos.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
