La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno investiga pensiones millonarias aún vigentes en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con el objetivo de revisar su legalidad y, en caso necesario, eliminarlas.
Durante la conferencia matutina conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria reveló que ya se trabaja desde la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para atender este tema. “Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay pensiones que resultan ofensivas para el pueblo de México”, advirtió Sheinbaum.
Pensiones desproporcionadas en Luz y Fuerza del Centro
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, detalló que 14 mil 73 ex trabajadores de LyFC continúan recibiendo pensiones, lo que representa un gasto anual de 28 mil 74 millones de pesos.
De ese total, 9 mil 457 jubilados (67%) reciben montos mensuales que van de 100 mil pesos hasta un millón, y 3 mil 500 tienen pensiones superiores al sueldo neto mensual de la propia presidenta Sheinbaum.
“Según datos del INEGI, hay jubilados que ganan hasta 140 veces más que el promedio nacional, y muchas de estas pensiones se pagan desde hace más de 16 años, incluso antes de que la empresa fuera liquidada”, subrayó Buenrostro.
Irregularidades también en Pemex
En el caso de Pemex, la funcionaria informó que al menos 15 ex empleados reciben más de 340 mil pesos mensuales. Además, 544 jubilados perciben ingresos superiores al salario presidencial.
“Se han detectado 618 pensiones que superan el ingreso anual bruto del Director General de Pemex, y más de mil casos en los que se rebasan los topes salariales establecidos en el propio tabulador interno de la empresa”, agregó.
Revisión legal en curso
Buenrostro indicó que, por instrucciones directas de la Presidencia, se han instalado mesas de trabajo interinstitucionales para revisar la legalidad y proporcionalidad de cada pensión. En caso de detectarse anomalías, se procederá a su modificación o cancelación conforme a la ley.
“La revisión no es solo financiera, es también un acto de justicia para garantizar que los recursos públicos no se desvíen en privilegios desmedidos”, sentenció la funcionaria.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
