- El bloqueo con contenedores metálicos desató indignación entre vecinos, quienes exigen respeto al libre acceso a las playas, como establece la ley.
En un nuevo intento por restringir el acceso a espacios públicos, vecinos del puerto de Progreso denunciaron este martes el cierre ilegal del paso hacia la playa por parte de un particular, quien colocó cuatro contenedores metálicos en la calle 40 por 71, uno de los accesos más frecuentados por residentes y turistas.
El cierre fue descubierto en la madrugada, alrededor de las 4:00 a.m., cuando habitantes de la zona notaron que la vialidad estaba bloqueada. Según testimonios, dos contenedores fueron colocados en cada extremo de la calle, impidiendo completamente el paso vehicular y peatonal hacia la costa.
La acción provocó una rápida reacción de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal de Progreso, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal del Ayuntamiento acudieron al sitio, colocaron sellos de clausura y posteriormente retiraron los obstáculos con apoyo de una grúa.
El argumento del “dueño”: la calle fue cedida por una administración pasada
Tras el operativo, un hombre que se identificó como propietario de uno de los predios colindantes con el acceso aseguró que la vialidad le pertenece. Argumentó que fue cedida a él durante la administración municipal encabezada por Julián Zacarías Curi, exalcalde de Progreso.
Sin embargo, al ser cuestionado por autoridades y medios de comunicación, no presentó ningún documento oficial que acreditara la legal propiedad del tramo vial. Este intento de apropiación generó preocupación entre los vecinos, quienes consideran que se trata de un intento de privatización encubierta de un espacio público.
El acceso a las playas es un derecho
La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Progreso inició una investigación administrativa para esclarecer los hechos e identificar plenamente a los responsables del bloqueo. Además, enfatizó que este tipo de acciones constituyen una obstrucción ilegal al paso público y podrían derivar en sanciones penales o administrativas.
Vecinos expresaron su molestia e indignación, ya que consideran que esta acción violenta sus derechos. Recordaron que el acceso libre a las playas es un derecho garantizado por la ley, y advirtieron que no permitirán que particulares pretendan adueñarse de espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.
Contexto preocupante: creciente intento de privatización de playas
Este caso se suma a una serie de denuncias recientes en distintas zonas costeras del país, donde particulares y empresas han intentado bloquear accesos o restringir el paso a las playas, a pesar de la legislación vigente que protege su carácter público.
Organizaciones civiles han alertado sobre el avance silencioso de la privatización de la costa mexicana, bajo la complacencia o complicidad de algunas autoridades municipales. El caso de Progreso, por tanto, no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática nacional.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, todas las playas mexicanas son públicas, y debe garantizarse el libre acceso a ellas. Cualquier acto que obstruya este acceso, ya sea mediante construcciones, barreras físicas o bloqueos, es ilegal y sancionable.
“La calle es de todos, la playa también”, resumió un vecino mientras observaba cómo se retiraban los contenedores. La ciudadanía de Progreso exige que el caso no quede impune y que se garantice el acceso público sin condiciones ni pretextos legales ambiguos.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
