La violencia feminicida en Yucatán alcanzó en 2025 su nivel más alto en más de una década, un hecho que rompe con la narrativa de seguridad que históricamente ha distinguido a la entidad y que hoy enciende las alertas de colectivos feministas, especialistas y organizaciones civiles. Las cifras oficiales y las de la sociedad civil difieren en el número total de casos, pero coinciden en un punto crucial: el repunte es inédito y refleja un agravamiento sostenido de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte del 30 de noviembre de 2025 se registraron seis feminicidios en Yucatán. A esta cifra se suman cuatro casos ocurridos en diciembre, lo que eleva el total anual a 10 asesinatos de mujeres por razones de género.
No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 15 casos en el estado durante el mismo periodo. La discrepancia vuelve a poner en el centro del debate la clasificación de los crímenes violentos contra mujeres, así como la falta de criterios homologados entre autoridades y organizaciones civiles para tipificar los feminicidios.
El año más violento para las mujeres desde 2013
Más allá de la diferencia numérica, ambas fuentes coinciden en que 2025 es el año con más feminicidios registrados en Yucatán desde 2013, cuando se reportaron nueve casos. El dato representa un retroceso en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y confirma que el fenómeno no es aislado ni circunstancial.
Los crímenes se distribuyeron en al menos seis municipios distintos, lo que evidencia que la violencia feminicida no se concentra en una sola región del estado. Las víctimas abarcan un amplio rango de edades, desde adultas mayores hasta una niña de apenas 12 años, lo que subraya la vulnerabilidad transversal de mujeres y niñas frente a la violencia de género.
Casos que marcaron 2025
El primer feminicidio oficialmente reconocido ocurrió el 4 de marzo en Hunucmá, donde Inés Marina T. B. fue arrollada de manera intencional por su pareja, identificado como O. R. C. B. El agresor fue detenido días después y permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.
El 27 de marzo, en Progreso, se reportó el asesinato de Rosa M. P. S., también a manos de su pareja sentimental, quien se suicidó tras cometer el crimen, un patrón que se repitió en otros casos del año.
El 22 de abril, el puerto de Chicxulub, comisaría de Progreso, fue escenario del feminicidio de Linda Louis, una mujer de nacionalidad estadounidense. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 12 de abril. Posteriormente, autoridades detuvieron a su hijo, Damon, quien fue vinculado a proceso y permanece en prisión.
El 15 de junio, una adulta mayor, Lucelly del Carmen G. A., fue asesinada por su propio hijo en la Quinta Santa Cruz, ubicada sobre la carretera Mérida–Sitpach. El presunto responsable fue detenido y enfrenta el proceso penal correspondiente.
La violencia volvió a estremecer al sur del estado el 29 de septiembre, cuando Vanesa Yazmín, madre de familia, fue asesinada por su expareja en calles de Ticul, luego de haber llevado a su hijo a la escuela. Tras el ataque, el agresor se quitó la vida.
A estos cinco casos oficialmente documentados se suma al menos un feminicidio adicional, del cual no se han difundido datos públicos, lo que refuerza las preocupaciones sobre subregistro y opacidad.
Una alerta que no puede ignorarse
El récord de feminicidios en 2025 coloca a Yucatán ante una crisis de violencia de género que exige acciones urgentes, políticas públicas efectivas y una revisión profunda de los mecanismos de prevención, atención y justicia. Para colectivos y especialistas, las cifras no solo representan estadísticas, sino vidas truncadas y familias devastadas, en un contexto donde la violencia contra las mujeres ya no puede ser minimizada ni normalizada.
Mientras las autoridades insisten en que Yucatán sigue siendo uno de los estados más seguros del país, los feminicidios de 2025 cuestionan esa narrativa y obligan a replantear la respuesta institucional frente a una problemática que, año con año, cobra más víctimas.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
