- El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió el caso presentado por la JUFED, en el que se alega que la reforma judicial vulnera derechos humanos y atenta contra la independencia del Poder Judicial. El Estado mexicano deberá responder a nivel internacional.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) logró un avance significativo en la defensa de la independencia judicial en México, luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitiera formalmente el caso que interpuso contra el Estado mexicano por presuntas violaciones a los derechos humanos de jueces y magistrados federales.
El litigio internacional se centra en las consecuencias de la llamada “reforma judicial”, promovida por el Ejecutivo federal y avalada por el Congreso, la cual, a juicio de los quejosos, pone en riesgo la autonomía judicial, mina las condiciones laborales de los juzgadores y vulnera los principios de división de poderes y debido proceso.
La admisión del caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU representa un hito sin precedentes en la historia del Poder Judicial mexicano, al convertirse en la primera vez que se somete a escrutinio internacional una reforma estructural de esta naturaleza por su impacto sobre las garantías judiciales.
Medidas de protección y vigilancia internacional
Tras aceptar el caso, el Comité, a través de sus Relatores Especiales, solicitó al Estado mexicano implementar medidas cautelares de protección en favor de los juzgadores federales que colaboren con el organismo, con el objetivo de prevenir represalias, hostigamientos o cualquier acto que pueda inhibir su participación en el proceso.
Asimismo, se requirió al gobierno mexicano remitir información detallada sobre la admisibilidad y el fondo del caso, así como responder a las acusaciones formuladas por la JUFED. De igual forma, la asociación deberá presentar informes periódicos sobre el estado de la independencia judicial en el país, lo que marca el inicio de una supervisión internacional sostenida sobre el respeto al Estado de Derecho en México.
Relevancia constitucional y democrática
Este procedimiento ante la ONU no sólo coloca a México bajo el escrutinio de la comunidad internacional, sino que también fortalece la narrativa de que una reforma judicial debe ser construida con base en el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, autonomía judicial y separación de poderes.
Para la JUFED, la admisión del caso no sólo valida sus argumentos, sino que también envía un mensaje contundente sobre la importancia de garantizar la independencia de los jueces como piedra angular del orden constitucional. En su comunicado, la asociación calificó el hecho como “un precedente histórico que refuerza el compromiso con una justicia independiente, imparcial y profesional”.
¿Qué sigue en el proceso?
El caso continuará su curso ante el Comité de Derechos Humanos conforme a los protocolos internacionales. De ser encontrada alguna responsabilidad estatal, México podría enfrentar recomendaciones vinculantes sobre modificaciones legislativas, restitución de derechos a los afectados y garantías de no repetición.
Esta admisión ocurre en un contexto político delicado, en el que la reforma judicial ha generado tensiones entre los Poderes de la Unión y ha encendido alertas sobre una posible erosión del orden institucional.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
