En un hecho sin precedentes recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra varios artículos de la reforma judicial aprobada por el Congreso de Yucatán, controlado en su mayoría por Morena. La impugnación fue interpuesta en abril a través de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y ha generado gran impacto en los círculos judiciales y políticos del estado.
Reforma Judicial de Yucatán, en la mira del Ejecutivo Federal
La demanda presidencial, que fue registrada como expediente 45/2025, se dirige contra el Decreto 55/2025, publicado el 5 de marzo, mediante el cual se modificó la Constitución Política de Yucatán en materia de justicia. Según el Ejecutivo federal, algunos de los artículos aprobados violan la Constitución mexicana, especialmente en lo relativo a la permanencia y elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El caso fue turnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se acumulará al expediente 44/2025, resultado de una demanda similar promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Corte ha confirmado oficialmente la recepción y acumulación de ambos recursos debido a la “identidad de decretos legislativos impugnados”.
El Artículo Más Controvertido: Prórroga de Magistraturas hasta 2036
Uno de los puntos más delicados es el artículo octavo transitorio de la reforma local, que otorga una prórroga de 11 años a seis magistrados en funciones hasta 2036, sin someterse a elección. Entre ellos están la actual presidenta del Tribunal, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y magistrados como Mario Alberto Castro Alcocer, Lizette Mimenza Herrera, Alberto Salum Ventre, Mauricio Tappan Silveira y Patricia Gamboa Wong.
Para la presidencia de la República, este artículo contraviene la reforma constitucional federal que exige que todos los magistrados sean electos, y de prosperar la impugnación, dicha prórroga sería anulada.
Riesgo de Romper un Acuerdo Político Local
Si la Suprema Corte declara inconstitucional esta reforma, también se pondría en riesgo el acuerdo político entre el gobernador Joaquín Díaz Mena y el grupo parlamentario del PAN, que permitió la aprobación de la reforma con mayoría calificada. Como parte de ese pacto, se había negociado la permanencia de seis magistrados designados durante el gobierno anterior de Mauricio Vila.
Más artículos en disputa: Periodos y elección de magistrados
También se impugna el séptimo transitorio, que establece periodos de duración diferenciados para los magistrados electos en 2025 (algunos hasta 2033 y otros hasta 2036), lo cual contradice el artículo 94 de la Constitución federal, que fija un periodo único de 12 años.
Otro artículo impugnado es el tercero del artículo 70 de la Constitución local, que establece que el Tribunal de Disciplina Judicial será elegido por voto popular y que su presidencia se designará internamente, lo que difiere de la normativa federal, que manda una rotación de presidencia basada en el número de votos obtenidos.
Implicaciones nacionales y locales
Esta confrontación legal no solo pone en entredicho la constitucionalidad de la reforma judicial en Yucatán, sino que también revela tensiones dentro del mismo partido gobernante. La impugnación de Sheinbaum al Congreso de su propio partido marca un precedente relevante y podría redefinir la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los estados.
La resolución de la Suprema Corte será clave para determinar el futuro de las magistraturas en Yucatán y el alcance real de la reciente reforma judicial nacional impulsada por Morena.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
