- Una investigación revela desvíos de recursos, conflicto de intereses y graves fallas administrativas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY). Más de la mitad de los medicamentos adquiridos eran inútiles o estaban vencidos, mientras el hospital operaba con una deuda de 550 millones de pesos.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) fue recibido en condiciones críticas: una deuda multimillonaria, miles de medicamentos vencidos y un sistema de abasto marcado por presuntos conflictos de interés entre directivos y laboratorios privados. Así lo denunció el nuevo director, Dr. Amonario Olivera Mar, durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena.
Medicamentos inútiles y corrupción interna
Al asumir la dirección el 16 de enero de 2025, Olivera Mar encontró que el hospital contaba con más de 3,000 claves de medicamentos, pero más del 50% no tenían utilidad clínica para los pacientes o estaban caducados, generando escasez para los tratamientos prioritarios.
“Recibimos el hospital con claves de medicamentos que no se usaban y que ya estaban expiradas. Esto no solo era ineficiente, sino también peligroso”, denunció el director.
Tras una auditoría interna, el número de claves se redujo drásticamente a 865, enfocadas en cubrir las necesidades reales de los pacientes. Con ello, asegura, el abasto de medicamentos mejoró un 70%.
Lo más grave, sin embargo, fue la revelación de conflictos de interés. Olivera Mar expuso que directivos del hospital trabajaban simultáneamente con laboratorios privados, una práctica que puede haber influido en la adquisición de medicamentos innecesarios.
“Había trabajadores con cargos directivos que también colaboraban con laboratorios. Esta situación claramente favoreció compras inadecuadas y despilfarro de recursos públicos”, señaló.
Una deuda millonaria que paralizó el sistema de salud
Además del problema con los medicamentos, el hospital operaba con un pasivo de aproximadamente 550 millones de pesos, que incluía deuda con proveedores, juicios laborales y fármacos vencidos que jamás debieron adquirirse.
“Esta deuda comprometía seriamente la operación del hospital. Fue reportada oficialmente al Órgano Interno de Control federal en el proceso de entrega-recepción”, detalló Olivera Mar.
El déficit financiero, originado durante gestiones anteriores vinculadas a los gobiernos del PAN y PRI, dejó sin insumos y sin capacidad operativa a una de las instituciones clave en la atención médica especializada del sureste mexicano.
Transición al IMSS-Bienestar y reconstrucción institucional
Mientras se formaliza la incorporación del HRAEPY al sistema IMSS-Bienestar, el gobierno estatal inició una serie de acciones para rescatar la institución.
Entre las inversiones urgentes destacan:
- Compra de un tomógrafo de 64 cortes prevista para junio.
- Habilitación de una segunda sala de hemodinamia, esencial para el programa “Código Infarto”, que opera 24/7 ante la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares en la región.
- Reactivación de 9 quirófanos; hasta mayo solo funcionaban cinco. En apenas una semana y media ya se redujo el rezago quirúrgico de 945 a 860 operaciones pendientes.
- Apertura del cuarto piso, inconcluso desde administraciones anteriores. Ahí se instalará la unidad de ortopedia y traumatología para atender víctimas de accidentes viales, otra problemática crítica en el estado.
El legado de la opacidad y la urgencia de rendición de cuentas
La situación del HRAEPY pone en evidencia un patrón de gestión opaca, con posibles redes de corrupción en el sistema de salud estatal. La falta de supervisión, los conflictos de interés y la mala planeación presupuestaria no solo pusieron en riesgo la vida de miles de pacientes, sino que también dejaron comprometida la capacidad operativa de una institución de referencia regional.
Las autoridades han solicitado auditorías exhaustivas, y los señalamientos sobre vínculos indebidos entre funcionarios públicos y laboratorios privados podrían derivar en investigaciones penales.
El caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán no es solo un escándalo administrativo. Es una alerta urgente sobre la necesidad de blindar los sistemas públicos de salud frente a intereses privados, mejorar la trazabilidad del gasto público y garantizar que cada peso invertido en salud se traduzca en atención de calidad.La Gaceta Yucatán—Redacción.
