- La Cámara baja borra el transitorio que permitía aplicar la ley de forma retroactiva, desactivando uno de los puntos más polémicos de la iniciativa impulsada por Morena
La reforma a la Ley de Amparo, considerada una de las piezas clave del rediseño judicial de la 4T, dio un giro significativo en la Cámara de Diputados. El transitorio que permitía aplicar la reforma de manera retroactiva fue eliminado del dictamen, en una maniobra que refleja tensiones internas dentro de Morena y la presión de la oposición.
“Fue una ocurrencia muy ocurrente, y aquí les venimos a enmendar la plana”, ironizó Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, al anunciar la supresión del polémico párrafo aprobado días antes por el Senado.
La cláusula de retroactividad fue introducida por el senador morenista Manuel Huerta en la última etapa del debate en la Cámara Alta, desatando una ola de críticas de juristas, legisladores opositores y hasta de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien se manifestó en contra de vulnerar principios constitucionales.
¿Qué se eliminó del dictamen?
El transitorio permitía que los cambios a la Ley de Amparo aplicaran a asuntos en trámite, lo que podría haber impactado miles de juicios y beneficiarios actuales de amparos. La decisión de eliminar este apartado fue tomada por las comisiones unidas de Justicia y Hacienda, que recibieron la minuta del Senado.
Según explicó Moreno, el nuevo texto del dictamen será alineado “en los términos propuestos por la presidenta de la República”, dejando fuera la retroactividad y retornando al espíritu original del proyecto del Ejecutivo federal.
Parlamento abierto y votación, entre tensiones y celebraciones
A pesar de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, aseguró que la reforma sería votada en el pleno la próxima semana, la oposición logró posponer el dictamen e imponer la realización de foros públicos (parlamento abierto), al menos como condición previa al debate final.
“Todo está a revisión. Este es juego nuevo”, advirtió Federico Döring, vicecoordinador del PAN, quien calificó como una victoria ciudadana la suspensión del dictamen automático.
En conferencia de prensa, Döring criticó que Morena intentara “colar” el dictamen sin el transitorio para simular apertura, pero sin modificar de fondo el resto de la reforma, que, según él, aún representa un retroceso para la figura del amparo como garantía constitucional.
Tanto el PAN como Movimiento Ciudadano entregaron solicitudes formales para exigir un análisis amplio, advirtiendo que no bastará con eliminar un artículo si no se revisan los impactos totales de la reforma.
Sheinbaum desactiva una bomba política sin romper con el Senado
La eliminación del transitorio también refleja una corrección de rumbo desde el Poder Ejecutivo. Aunque el senador Manuel Huerta defendió su inclusión, Sheinbaum fue enfática en que las leyes no deben aplicarse retroactivamente en perjuicio de las personas, una postura que obligó a la Cámara de Diputados a desmarcarse de la votación senatorial, aún dentro del bloque oficialista.
Morena logró así contener un frente interno que amenazaba con generar una crisis constitucional y reacciones judiciales inmediatas. La modificación, aunque parcial, revela la influencia de la presidencia en la conducción legislativa y el peso de las voces críticas dentro y fuera del Congreso.
Lo que sigue: fechas clave
- Lunes 14 de octubre: Discusión de dictamen en comisiones.
- Miércoles 16 de octubre (tentativo): Votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
- Previo a la votación: Se llevarán a cabo foros públicos o formato de parlamento abierto, aunque aún no se han definido fechas ni participantes por parte de la Jucopo.
En contexto: ¿Qué implicaba la retroactividad?
El artículo transitorio eliminado permitía aplicar los efectos de la reforma a procesos ya iniciados, un principio contrario al artículo 14 constitucional, que prohíbe que las leyes afecten derechos adquiridos o juicios en curso.
Juristas y organizaciones alertaron que esa redacción podía ser utilizada para anular amparos vigentes, especialmente aquellos promovidos contra megaproyectos federales, lo que ponía en riesgo la protección judicial de comunidades, ambientalistas y ciudadanos en litigios en curso.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
