- Cada año, el gobierno mexicano incauta miles de litros de combustible producto del llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando en la que grandes volúmenes de gasolina, diésel o turbosina ingresan o circulan en el país sin pagar los impuestos correspondientes. Pero una pregunta clave sigue sin respuesta clara para muchos ciudadanos: ¿qué se hace con ese combustible?
Del decomiso a la custodia: intervención de las autoridades
Cuando el SAT, la Guardia Nacional, Aduanas de México o el Ejército aseguran combustible de procedencia ilícita, este se canaliza bajo resguardo a través de un protocolo definido en el marco del Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera. En la mayoría de los casos, el hidrocarburo es almacenado temporalmente en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que opera como depositaria oficial.
Según fuentes consultadas en la Agencia Nacional de Aduanas, el hidrocarburo no se destruye, sino que queda en poder del Estado hasta que el Ministerio Público determina su destino final, que puede ser:
- Entrega para uso oficial del gobierno federal, especialmente a fuerzas de seguridad o dependencias públicas.
- Venta supervisada, si el producto cumple con los estándares de calidad para su distribución comercial.
- Devolución, en casos donde se comprueba la legalidad del producto o se resuelven irregularidades administrativas.
Calidad y trazabilidad: los grandes retos
Uno de los principales problemas es que gran parte del combustible incautado no cuenta con trazabilidad, por lo que no se puede garantizar su calidad o mezcla, lo que impide su reinserción inmediata al mercado. En estos casos, Pemex o la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) analizan el producto para verificar si puede ser aprovechado de manera segura o debe desecharse.
“En muchos casos no se puede identificar el origen, la pureza o incluso los componentes exactos del combustible incautado. Eso limita su uso, incluso para fines oficiales”, explicó un ingeniero de Pemex que pidió anonimato.
¿Se reutiliza o se pierde?
En los casos en los que el combustible sí es utilizable, el gobierno tiene la facultad de destinarlo a flotillas oficiales o venderlo mediante subastas públicas. Sin embargo, la opacidad en los informes oficiales sobre cantidades recuperadas, almacenadas y distribuidas ha generado inquietud en organismos de transparencia y rendición de cuentas.
La organización México Evalúa ha señalado que no existe un registro público detallado y actualizado sobre el combustible asegurado en los operativos contra el huachicol fiscal, lo que abre la puerta a posibles desvíos o reutilización indebida.
Un mercado paralelo que no se detiene
Mientras tanto, el huachicol fiscal —diferente del robo a ductos— sigue siendo una de las principales rutas del contrabando de hidrocarburos, particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Sonora, donde ingresan pipas con combustible sin pagar impuestos o con facturas simuladas.
De acuerdo con cifras del SAT, solo en 2024 se aseguraron más de 36 millones de litros de combustibles ilícitos, pero menos del 40% tiene trazabilidad confirmada para posible reutilización.
El combustible incautado por el huachicol fiscal no desaparece, pero su destino permanece en gran medida fuera del radar público. En teoría, puede ser utilizado por el Estado o comercializado legalmente. En la práctica, la falta de transparencia y control sobre su manejo sigue siendo una asignatura pendiente.
Mientras el huachicol fiscal continúa siendo una amenaza para las finanzas públicas, urge que el gobierno federal publique informes periódicos y auditables sobre el manejo del hidrocarburo asegurado. El destino del combustible ilegal también es una pieza clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector energético mexicano.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
