México ha entrado en una etapa oscura de su historia política: la normalización de la involución democrática. Lo que en otros tiempos se hubiera considerado una alarma grave —la subordinación de las instituciones al poder político— hoy se vive con una pasividad preocupante, como si fuera parte del orden natural de las cosas. El relevo en el Poder Judicial Federal, en complicidad con una Corte domesticada, ha sido la culminación de un proceso gradual y eficaz de desmontaje institucional.
El Poder Judicial, último bastión en caída
La renovación del Poder Judicial no ha sido un ejercicio de fortalecimiento democrático, sino un cambio de piel del régimen, donde las nuevas figuras no necesitan portar credencial de Morena para alinearse con su voluntad. La obediencia no es partidista, es estructural. El diseño institucional ha sido modificado para que la justicia funcione a conveniencia del Ejecutivo.
El caso del INE y el Tribunal Electoral fue el primer gran paso: la captura de los órganos autónomos. Hoy, la Corte —antes símbolo de equilibrio— ha sido neutralizada. El mensaje no deja lugar a dudas: el Estado de derecho es opcional si se interpone al poder.
Corrupción, censura y propaganda
La corrupción, que el obradorismo prometió erradicar, se ha instalado con mayor cinismo. No se trata solo del despilfarro, sino de una corrupción más profunda: la que desmantela los contrapesos, instrumentaliza la ley y castiga el disenso. El aparato institucional para fiscalizar, investigar y sancionar está siendo reducido a cenizas, mientras se legisla para imponer verdades oficiales que buscan suplantar el debate público.
La libertad de expresión, piedra angular de toda democracia, se encuentra en terapia intensiva. La autocensura no es ya una decisión editorial; es una estrategia de supervivencia ante el acoso político y la amenaza criminal. El régimen no solo silencia; impone discurso.
Una oposición simbólica y una ciudadanía silente
La exclusión de la oposición del control parlamentario, negándole la presidencia de la Cámara de Diputados, evidencia que el nuevo régimen ya no reconoce reglas compartidas. Se gobierna con mayorías absolutas y desdén total por la pluralidad. El mensaje que Claudia Sheinbaum transmite es claro: la disidencia no tiene cabida, ni siquiera simbólica.
Frente a esto, la oposición institucional se muestra debilitada, y las élites —intelectuales, empresariales, académicas— han preferido acomodarse o callar. La ciudadanía, desmovilizada por años de desencanto y pobreza democrática, asiste con resignación a la demolición de las conquistas cívicas más importantes de las últimas décadas.
Justicia a modo, violencia intacta
El cambio en el Poder Judicial deja sin atender los verdaderos males de la justicia mexicana: la impunidad local, la corrupción policial, la violencia institucional y las cárceles inhumanas. En lugar de resolver estos problemas, el régimen opta por controlar lo que sí funcionaba: la justicia federal. Se ha desmontado lo mejor para dejar intacto lo peor.
El último recurso: el voto
A pesar de este panorama sombrío, aún queda una herramienta de resistencia: el voto libre. Aunque el régimen maniobra para inclinar la balanza —con propaganda, manipulación institucional y cooptación de aliados menores como el PVEM y el PT—, la democracia no ha muerto mientras exista la posibilidad de una elección auténtica.
Sin embargo, confiar únicamente en el sufragio como redención es ingenuo. La democracia requiere ciudadanos activos, no solo votantes; instituciones fuertes, no decorativas; medios críticos, no replicadores de propaganda. La involución ha sido posible no solo por la ambición del poder, sino por la complicidad del silencio.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
