El robo de combustibles, conocido popularmente como “huachicol”, sigue siendo una amenaza latente en la Península de Yucatán. Aunque Yucatán ha registrado, históricamente, niveles menores que otros estados, recientes investigaciones y denuncias demuestran que la región ya no está exenta. De Progreso a la costa, de carreteras interiores a aduanas, el huachicol fiscal y la venta clandestina de combustible muestran un entramado complejo que involucra a actores locales, estatales y federales. En ese marco, el gobierno federal ha emprendido operativos, promosiones legales y denuncias, pero el problema no ha sido contenido.
Lo que las investigaciones han revelado
- En Progreso, Yucatán, el Ejército documentó que hay indicios de huachicol fiscal (el uso de aduanas, permisos, y operaciones aduaneras para permitir contrabando de hidrocarburos) vinculadas con la administración de Operación Aduanera. Uno de los señalados es Juan Carlos Madero Larios, funcionario en la aduana de Progreso.
- En ese mismo documento público militar se acusa a Madero Larios también de participar en tráfico ilegal de hidrocarburos ligado a otras aduanas del país, especialmente en Baja California y Sonora.
- En la carretera de Progreso, recientemente, la Fiscalía General de la República (delegación Yucatán) inició investigaciones basadas en denuncias sobre posibles puntos de extracción ilegal de combustible (“ordenas”), aunque hasta ahora no se han reportado detenciones.
- En otras zonas rurales de Yucatán, se han observado puestos clandestinos que venden gasolina robada. No son tan visibles como en otros estados, pero hay denuncias locales sobre su existencia en sitios como Komchén o en la carretera Mérida‑Cancún, cerca de Hoctún.
Actores: quiénes están involucrados
- Juan Carlos Madero Larios: señalado como administrador de Operación Aduanera en Progreso, vinculado con presuntos actos de huachicol fiscal y contrabando de pepino de mar, mediante redes de corrupción con aduanas de otros estados.
- Autoridades federales: Ejército, Sedena, FGR, la Secretaría de Gobernación (delegación en Yucatán) están involucradas en investigaciones, denuncias e incipientemente en operativos.
- Presuntas redes políticas/criminales externas que usan Yucatán como punto logístico o aduanero, aunque muchos de esos vínculos todavía no están totalmente probados públicamente.
Acciones federales recientes
- Denuncia formal por parte de autoridades federales en Yucatán de investigaciones en la zona de Progreso, carretera, basadas en denuncia de una institución; inicio de actos de investigación por parte de la delegación federal de la Secretaría de Gobernación.
- El Ejército ha incluido a Progreso y Yucatán en su radar en informes de investigaciones contra el huachicol fiscal.
- A nivel nacional, múltiples operativos federales han logrado decomisar millones de litros de combustible ilegal, desarticular redes importantes (por ejemplo en CDMX, Estado de México, Querétaro, Tamaulipas, etc.), lo que indica una estrategia federal que intenta operar con mayor alcance e inteligencia.
Retos, grietas y próximos pasos
- Escasa visibilidad de detenciones en Yucatán: a pesar de las denuncias y las investigaciones previas, los habitantes y medios locales reportan poca acción concreta, pocas capturas, pocas sanciones penales, lo que alimenta impunidad.
- Complicidades institucionales: los informes apuntan a que servidores públicos aduaneros, operadores de aduana, y administrativos podrían estar implicados en permitir o encubrir medidas ilícitas. Esto complica los operativos.
- Carreteras y puntos de venta clandestina: la venta informal cerca de carreteras, el establecimiento de expendios improvisados (“puestos de huachicol”) son difícil de rastrear, y muchas veces se disfrazan como otros negocios.
- Capacidad investigativa y judicial: falta de resultados judiciales visibles, pocos sentenciados, lo que puede desalentar denuncias ciudadanas y la acción institucional.
¿Qué se necesita para contenerlo?
- Fortalecimiento institucional local: vigilancia ciudadana, participación de fiscalías estatales con autonomía, protección a denuncias locales.
- Transparencia en aduanas y permisos: revisar nombramientos, movimientos administrativos, las auditorías del personal en aduanas como la de Progreso.
- Coordinación federal‑estatal más intensa: compartir información de inteligencia, acciones conjuntas con PEMEX, Sedena, Guardia Nacional, FGR y autoridades estatales.
- Medidas de sanción ejemplar: no solo decomisos, sino que haya presos, sentencias firme y recuperación de bienes.
- Alertas tempranas en carreteras: rutas de transporte que pasan por Yucatán deben ser monitoreadas, capacitar a cuerpos locales para detectar puestos clandestinos, denuncias ciudadanas protegidas.
El huachicol ya no es un problema lejano para Yucatán. Aunque todavía no ha alcanzado los niveles dramáticos de otros estados, las evidencias acumuladas apuntan a que existe un fenómeno creciente, con actores locales y federales implicados, y redes que aprovechan la aduana y la cercanía con rutas de transporte.
El gobierno federal ha dado pasos, pero se necesita visibilidad, resultados contundentes y sanciones que trasciendan el discurso. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo terreno fértil para que el huachicol se infiltre más en la vida cotidiana de comunidades y carreteras de la Península.
La Gaceta Yucatán—Redacción
