- El próximo presidente de la Suprema Corte enfrenta señalamientos por su rol en consultas indígenas que avalaron obras con denuncias de violaciones a derechos humanos y represión a opositores.
La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido presentada como un hecho histórico: por primera vez, un abogado de origen mixteco encabezará el máximo tribunal del país. Sin embargo, su ascenso no está libre de controversia.
Detrás del discurso de representación indígena y avance democrático, se esconde un historial de señalamientos por su participación directa en las consultas indígenas que validaron dos de los proyectos más emblemáticos y cuestionados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Consultas “a modo”: denuncias internacionales por simulación
Como funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Aguilar Ortiz fue el responsable de coordinar los procesos de consulta para ambos megaproyectos. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que el proceso del Tren Maya violó estándares internacionales.
“La información presentada solo incluía los posibles beneficios del proyecto, omitiendo impactos negativos. Las consultas se realizaron sin estudios de impacto ambiental ni participación efectiva de las comunidades”, señaló el organismo.
Las sesiones, lejos de promover el consentimiento libre e informado, fueron percibidas como ejercicios de legitimación política, en las que las dudas de los participantes fueron sistemáticamente ignoradas, y la metodología impuesta por el gobierno federal, sin acuerdos culturales previos.
La situación en el Corredor Interoceánico ha sido incluso más grave. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó irregularidades similares en la consulta a comunidades indígenas nahuas y popolucas, cuyos representantes denunciaron que ni siquiera fueron informados adecuadamente.
“Invitaron solo a algunas autoridades indígenas sin informar a sus comunidades. No podían hablar en su nombre”, sostienen actas de asamblea citadas por CEMDA.
La represión a la resistencia no tardó en llegar. En enero de 2025, Arnoldo Nicolás Romero, líder ejidal y opositor al tren en Oaxaca, fue asesinado. Era integrante de la Ucizoni, organización que ha denunciado persecución constante.
Otros 24 defensores, como Juana Inés Ramírez Villegas, enfrentan procesos penales por su activismo.
Un informe de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec, publicado en septiembre de 2024, documentó agresiones físicas, amenazas y criminalización contra pueblos indígenas entre 2021 y 2024.
Aguilar también ha sido vinculado a otro episodio oscuro dentro del INPI. En 2020, la defensora Sandra Estefana Domínguez Martínez denunció un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres indígenas. Entre los participantes figuraban funcionarios del gobierno de Oaxaca y del propio INPI.
El entonces director de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vásquez Pérez, fue señalado como administrador del grupo. Aunque el INPI se deslindó del caso públicamente, la investigación quedó congelada.
Tres años después, Sandra Domínguez y su esposo fueron reportados como desaparecidos. En abril de 2025, sus cuerpos fueron localizados en Veracruz. El caso sigue impune.
Según el abogado Joaquín Galván, Hugo Aguilar habría intentado silenciar a Sandra, enviando a un abogado a ofrecerle “un cheque abierto” a cambio de que retirara la denuncia. Aunque el INPI negó los hechos, la cercanía política entre Aguilar y Adelfo Regino, ex titular del INPI, pone en entredicho la imparcialidad de la institución.
Aunque su nombramiento ha sido celebrado como un parteaguas para la inclusión indígena en el poder judicial, el historial de Hugo Aguilar Ortiz levanta dudas sobre el uso político de la representatividad y la continuidad de prácticas de simulación institucional en proyectos de alto impacto.
De confirmarse su elección como presidente de la SCJN, Aguilar deberá enfrentar no solo los desafíos legales del país, sino también una demanda urgente por verdad, justicia y reparación en las comunidades a las que un día dijo representar.La Gaceta Yucatán—Redacción.
