- La jueza del caso Vallarta, en la mira: Mariana Vieyra liberó a una víctima de montaje… pero fue multada y ligada a escándalo electoral
La jueza Mariana Vieyra Valdés saltó al centro del debate judicial tras absolver y liberar a Israel Vallarta, preso casi 20 años sin sentencia firme. Sin embargo, su nombre también figura en otro terreno espinoso: el del entramado de irregularidades que ha comenzado a perfilarse como una red sistémica de corrupción judicial en México.
Vieyra fue multada por el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de ser señalada por aparecer en al menos tres “acordeones” —material proselitista ilegal— durante la reciente elección judicial del 1 de junio. A pesar de tener más de 17 años en el Poder Judicial, su llegada a un cargo de alta exposición estuvo marcada por controversia: fue inicialmente descartada en un examen de oposición, pero logró revertir la decisión mediante un recurso administrativo.
¿Justicia o ajuste de cuentas judicial?
El fallo que devolvió la libertad a Israel Vallarta el pasado 1 de agosto fue histórico. La jueza Vieyra declaró que el expediente estaba plagado de tortura, fabricación de pruebas y montaje televisivo. El caso de Vallarta, junto a la francesa Florence Cassez, fue uno de los más emblemáticos de violaciones al debido proceso en América Latina.
Pero mientras celebraba la justicia tardía para Vallarta, Mariana Vieyra enfrentaba cuestionamientos: no solo fue una de las candidatas visibles en los polémicos “acordeones” distribuidos durante la elección judicial —particularmente en Toluca—, sino que también recibió una sanción económica por parte del INE de 1,967 pesos, al comprobarse actos de promoción indebida.
Una figura polémica en el nuevo modelo judicial
De acuerdo con la periodista Miriam Moreno, la jueza fue postulada por los tres Poderes de la Unión dentro del nuevo modelo de elección directa para jueces y magistrados, una reforma impulsada como parte del legado del expresidente López Obrador.
Vieyra aparecía con el número 14 en la boleta amarilla como jueza penal, y según registros en redes sociales, figuró en múltiples listados distribuidos ilegalmente durante la jornada. Pese a ello, continúa en funciones.
Este episodio alimenta la sospecha de que en México la justicia sigue contaminada por redes de intereses cruzados entre lo político, lo judicial y lo electoral.
No es el primer caso polémico
La jueza Vieyra también dictó, en marzo pasado, una sentencia de 89 años de prisión contra la hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, por delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Aunque los fallos tienen sustento judicial, el patrón de exposición pública y vínculos con sectores de poder siembra dudas sobre la independencia real del Poder Judicial, particularmente en un momento en que su legitimidad está bajo el microscopio ciudadano y político.
¿Una ficha más en la “mafia judicial”?
La absolución de Vallarta fue celebrada por defensores de derechos humanos como una victoria largamente esperada. Pero la figura de Mariana Vieyra plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante una jueza valiente que se enfrentó al sistema, o ante una funcionaria más dentro de una red de intereses disfrazada de reforma judicial?
En tiempos donde el voto popular elige a quienes imparten justicia, la tentación de politizar sentencias o usar fallos como moneda de cambio es mayor que nunca. Y en ese juego, Mariana Vieyra se ha convertido en una pieza clave para entender cómo opera —y cómo muta— la mafia judicial en México.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
