- La Fiscalía de EE.UU. acusa a la familia Jensen de operar una red de tráfico de combustible robado desde México, con ganancias millonarias canalizadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización señalada como terrorista; el caso pone en entredicho los esfuerzos del gobierno mexicano contra el huachicol fiscal
Un nuevo caso de contrabando de combustible con epicentro en Estados Unidos y origen en México ha reavivado la discusión sobre el alcance del llamado “huachicol fiscal” y la infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en estructuras empresariales binacionales. La Corte del Distrito Sur de Texas comenzará el próximo 30 de julio el juicio contra James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne, y sus hijos Maxwell y Zachary, todos ciudadanos estadounidenses, acusados de traficar más de 2,880 cargamentos ilegales de crudo robado a Pemex, entre 2022 y 2025.
Según documentos de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, la familia utilizó empresas fachada —Arroyo Terminals, Jentran LLC y Big Hog Energy— para importar hidrocarburos desde México. El petróleo, presuntamente sustraído de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), era etiquetado como “aceite usado” para evadir controles aduanales y vendido posteriormente a clientes industriales en EE.UU. a precios preferenciales.
“La familia conspiró para proporcionar apoyo material y recursos financieros al CJNG, organización designada como terrorista por el gobierno estadounidense desde el 20 de febrero de 2025”, indica el expediente judicial.
El 23 de abril, agentes federales arrestaron a los Jensen en su residencia valuada en 9.2 millones de dólares, en Utah, y simultáneamente allanaron las instalaciones de Arroyo Terminals. De ser hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 530 millones de dólares. Maxwell Jensen permanece bajo custodia sin derecho a fianza por riesgo de fuga, mientras que el resto de los acusados fue liberado bajo fianza.
Implicaciones para México: el huachicol fiscal como reto estructural
Este caso no solo pone bajo la lupa una red de contrabando trasnacional, sino que evidencia la persistencia de estructuras criminales que operan más allá del robo físico de combustibles. Para las autoridades mexicanas, representa un golpe simbólico y operativo en la lucha contra el huachicol, una actividad que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró prioritaria desde 2019, con operativos militares y reformas legales.
Sin embargo, el fenómeno ha mutado. El llamado “huachicol fiscal” se sofisticó: ahora se basa en el uso de facturas apócrifas, importaciones simuladas, manipulación aduanera y redes de prestanombres, muchas veces bajo el amparo de permisos legales y omisiones regulatorias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas han advertido sobre esta nueva modalidad que difícilmente puede combatirse con operativos terrestres o el cierre de válvulas.
El legado de Sergio Carmona y los vínculos políticos
Este nuevo juicio también revive el caso de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona operaba un esquema similar: importaba combustibles por la frontera norte con documentos alterados, evadía impuestos y vendía los productos en México como si fueran legales. Su figura ganó notoriedad por los presuntos vínculos con el financiamiento electoral de Morena, particularmente en Tamaulipas y Nuevo León, lo que ha generado cuestionamientos sobre el grado de penetración de estas redes en el aparato político mexicano.
Expertos estiman que las pérdidas por huachicol fiscal han superado los 500 mil millones de pesos en la última década, una cifra superior al presupuesto anual de estados como Puebla o Guanajuato.
¿Qué sigue para México?
El caso Jensen representa un punto de inflexión. Si bien el juicio se llevará a cabo en Estados Unidos, el combustible robado proviene de instalaciones mexicanas, especialmente de Pemex, lo que obliga a fortalecer la cooperación judicial entre ambos países y revisar los mecanismos de control aduanero y energético. Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido un posicionamiento oficial, aunque se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) colabore con las autoridades estadounidenses para identificar a los proveedores en México.
En el fondo, este caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo energético nacional, el blindaje institucional de Pemex y la transparencia en las importaciones de hidrocarburos, que siguen siendo terreno fértil para el crimen organizado y la evasión fiscal.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
