¿Qué se ha descubierto en Yucatán?
- Investigación del Ejército en Progreso
• Un documento del General Cresencio Sandoval señala al funcionario aduanero Juan Carlos Madero Larios, administrador de Operación Aduanera en Progreso, Yucatán, como presunto partícipe en actos de corrupción, sobornos, tráfico de hidrocarburos (“huachicol fiscal”) y tráfico ilegal de pepino de mar.
• Se menciona que Madero habría colaborado con operadores externos desde aduanas en Baja California y Sonora.
• A pesar de señalamientos, el funcionario no fue removido de su puesto al momento de la publicación, lo que genera cuestionamientos sobre las instancias de fiscalización y transparencia.
Yucateco prófugo con presunta red criminal
• Hernán Bermúdez Requena, originario de Mérida, Yucatán, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es señalado como jefe policiaco ligado al grupo criminal “La Barredora”.
• Se le acusa también de tener relación con redes del huachicol fiscal. Por ejemplo, informes militares lo identifican como cómplice en acciones ilícitas relacionadas con transporte, control de seguridad estatal, y protección de rutas o espacios físicos donde operaba la extracción o movimiento ilegal.
Vínculos con Adán Augusto López y empresarios
- Adán Augusto López Hernández (senador por Morena, exgobernador de Tabasco) aparece mencionado en declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, quien asegura que el empresario Saúl Vera Ochoa, concesionario del recinto fiscal 289 (Tampico), tenía “muy buena amistad” con Adán Augusto, y que dicho recinto era usado para descargar buques con combustible de contrabando.
- Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño con empresas de construcción, transporte y propietarias del muelle fiscal 289, es señalado como uno de los principales operadores en la red de huachicol fiscal. Se le atribuye haber promovido públicamente a Adán Augusto en su trayectoria política, lo que refuerza la idea de una conexión política‑empresarial en el caso.
Lo que se desconoce o no está confirmado
- Hasta ahora no hay pruebas públicas verificadas que muestren que empresarios de Yucatán hayan sido formalmente acusados por su participación en huachicol fiscal ligado a estas figuras, ni que Adán Augusto haya sido imputado judicialmente con evidencia definitiva en un tribunal que lo culpe directamente.
- Con Hernán Bermúdez ya detenido por interpol en Paraguay, aun no se precisa, la magnitud de sus operaciones criminales, las rutas usadas, la cantidad de combustible movilizado en Yucatán u otros estados, no ha sido debidamente documentada en fuentes abiertas confirmadas.
- En el caso del funcionario aduanero de Progreso (Madero Larios), no se ha publicado seguimiento judicial claro que revele sanciones o resultados de investigaciones plenas.
Posibles impactos para Yucatán
- Deterioro institucional si se comprueba que autoridades locales permitieron o encubrieron actividades ilícitas.
- Riesgo reputacional para empresarios y funcionarios de Yucatán que pueden verse implicados, aunque sea por asociación.
- Potenciales repercusiones legales y administrativas: auditorías, demandas, destituciones o investigaciones por la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos estatales.
- Económicos, si se demuestra que pérdidas fiscales o daños al erario local derivan de estas operaciones.
Declaraciones propias y negaciones
- Adán Augusto López ha negado pertenecer o estar involucrado con la banda del huachicol fiscal, afirmando que las acusaciones son parte de una campaña mediática.
- La administración federal asegura que las detenciones relacionadas con huachicol fiscal, la decomisación de buques y rutas ilegales continúan, y que el combate contra la corrupción es parte central de la agenda de seguridad.
La implicación del huachicol fiscal en Yucatán, aunque aún no plenamente judicializada en todos sus extremos, tiene al menos tres elementos importantes: un funcionario local señalado en Progreso por actos ilícitos aduaneros; un yucateco prófugo vinculado a redes criminales con alcance nacional; y conexiones políticas de figuras estatales con empresarios implicados en puertos y recintos fiscales de Tamaulipas, que podrían reflejar una estructura de vínculos cruzados entre entidades federales, estatales y actores empresariales.
Si las investigaciones oficiales se profundizan y verifican las relaciones señaladas, podría abrirse un caso de responsabilidad política y penal significativo, no solo para los involucrados directos, sino para quienes, en Yucatán, ocupan cargos de supervisión, fiscalización o procuran el control aduanal.
La Gaceta Yucatán—Redacción
