En una sesión controvertida y bajo fuertes críticas por parte de organizaciones civiles y expertos en derechos digitales, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este sábado la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ya conocida públicamente como la “Ley Censura” o “Ley Espía”.
Esta nueva legislación, impulsada desde el Ejecutivo federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea una transformación profunda en el manejo de datos en México, al permitir el acceso e interconexión de autoridades con registros públicos y privados, incluyendo bases de datos biométricos, bancarios, fiscales, de telecomunicaciones y salud, entre muchos otros.
Un sistema de vigilancia centralizado y sin precedentes
La iniciativa establece una Plataforma Central de Inteligencia, bajo control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que conectará todos los sistemas de inteligencia del Estado con bases de datos públicas y privadas, incluyendo información en manos de empresas particulares.
Esto incluye registros de:
- Datos biométricos
- Propiedad y comercio
- Vehículos y transporte
- Salud y telecomunicaciones
- Actividad financiera y bancaria
- Personas detenidas o sentenciadas
- Prestadores de servicios de seguridad privada
La ley obliga a estos sectores a colaborar con el sistema nacional de inteligencia, abriendo la puerta a un uso masivo de tecnologías de automatización e inteligencia artificial para el procesamiento, clasificación y cruce de datos personales.
Preocupaciones por censura, violaciones a la privacidad y control social
Diversos especialistas en derechos humanos y tecnologías digitales han advertido que esta legislación representa un riesgo de censura estatal, vigilancia masiva y abuso de poder, al carecer de mecanismos efectivos de supervisión independiente y permitir la recolección de datos sin un control judicial claro.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, defendió la ley como una medida necesaria frente al crimen organizado, afirmando que responde a los retos de un “mundo globalizado y tecnológico”. Sin embargo, las voces críticas insisten en que esta narrativa de seguridad abre la puerta a un aparato de control ciudadano sin precedentes en México.
Aprobación polémica y próxima votación en el Pleno
El dictamen fue aprobado por mayoría:
- 16 votos a favor y 8 en contra en el caso de la Ley de Inteligencia
- 18 votos a favor y 4 en contra para las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ambos dictámenes serán discutidos y votados por el Pleno del Senado este lunes 30 de junio, en un Periodo Extraordinario en el que se analizarán más de dos docenas de reformas, muchas de ellas enviadas directamente por la Presidencia.
Un debate de fondo: ¿seguridad o control?
La nueva Ley de Inteligencia permite el uso de tecnologías para identificar “amenazas a la seguridad pública”, pero no define con claridad los límites de esas amenazas ni establece filtros para evitar su uso con fines políticos, ideológicos o de represión social.
Activistas, académicos y periodistas han comparado la iniciativa con esquemas de vigilancia empleados en regímenes autoritarios, señalando que la centralización de datos personales en manos del Estado, sin transparencia, podría derivar en prácticas de persecución y censura.
Organizaciones como Artículo 19, R3D y la Red en Defensa de los Derechos Digitales ya han exigido al Senado frenar esta ley y abrir un proceso de discusión pública.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
