El diputado federal Rubén Moreira Valdez (PRI) denunció que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena constituye un grave retroceso en el sistema jurídico mexicano, al debilitar el juicio de amparo como mecanismo de control constitucional y defensa de los derechos fundamentales.
Durante su participación en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira advirtió que la reforma busca reducir el alcance protector del juicio de amparo, favoreciendo al poder del Estado sobre los derechos del gobernado, lo que calificó como un acto autoritario y regresivo.
“Morena pretende convertir al juicio de amparo en un instrumento ineficaz, eliminando su función histórica de frenar actos inconstitucionales. Es un atentado directo contra el acceso efectivo a la justicia y una amenaza a las libertades individuales”, afirmó el legislador.
Principales riesgos constitucionales de la reforma a la Ley de Amparo:
Acompañado por el abogado Miguel Ángel Sulub, especialista en derecho constitucional, Moreira expuso una serie de elementos contenidos en la iniciativa que, de aprobarse, vulnerarían pilares fundamentales del Estado de derecho en México:
- Eliminación de efectos generales en las suspensiones: aun cuando una norma sea prima facie violatoria de derechos humanos, no se podrá suspender su aplicación con efectos generales, lo que limita el principio de progresividad y universalidad de los derechos.
- Restricción del “interés legítimo”: se propone que únicamente las personas con daño directo puedan promover amparo, lo cual anula la acción de defensa de derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente, la salud o el interés de comunidades vulnerables.
- Desaparición de sanciones a autoridades que incumplen amparos: actualmente, el desacato a una resolución de amparo puede derivar en multas, destitución o sanción penal. La reforma propone que las multas se cubran con recursos públicos, eliminando así la responsabilidad personal del funcionario infractor.
- Blindaje de la prisión preventiva oficiosa: se busca impedir que los jueces inapliquen esta medida cautelar, incluso cuando resulte contraria a tratados internacionales o al principio de presunción de inocencia, obligando a mantener a personas privadas de libertad de manera automática.
- Limitaciones al amparo fiscal: ya no podrá interponerse amparo indirecto para suspender embargos hasta la etapa de remate, lo que debilita la protección del contribuyente frente a actos arbitrarios de la autoridad hacendaria.
- Imposibilidad de impugnar deuda pública: se pretende que las contrataciones de deuda por parte del gobierno no puedan ser objeto de amparo, cerrando la puerta a la fiscalización ciudadana de decisiones que afectan la estabilidad financiera nacional.
Consolidación del poder y debilitamiento del acceso a la justicia
Sulub y Moreira coincidieron en que la reforma tiene una intención política de centralizar el poder, reducir contrapesos institucionales y limitar el litigio estratégico en defensa de derechos humanos.
“No se trata de reformas técnicas, sino de una reingeniería jurídica que debilita el Estado de derecho, elimina los candados contra el abuso de poder y restringe gravemente el acceso a la justicia para los ciudadanos”, concluyó el abogado Miguel Ángel Sulub.
Ambos especialistas hicieron un llamado al Poder Judicial, a la academia jurídica, a organizaciones civiles y a la sociedad en general a rechazar esta reforma, que a su juicio representa un punto de inflexión en la historia de las garantías individuales en México.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
